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Los defensores vieron los mecanismos como herramientas inteligentes para asegurar que los resultados ambientales se lograron al menos costo. Argumentar que la reducción de los costos de cumplimiento, haría posibles metas ambientales más estrictas, y ciertamente más factible políticamente. Los detractores han sostenido que los mecanismos flexibles mercantilizan la atmósfera terrestre de una manera que permitirá que los proyectos dudosos y el intercambio de aire caliente sustituyan a un compromiso serio con el cambio climático. En este capítulo se examinan los mecanismos flexibles de Kioto, que entrarán en plena vigencia durante el período comprendido entre 2008 y 2012. El examen evalúa sus progresos y éxitos hasta la fecha, examina los problemas que han surgido y considera sugerencias para la evolución futura de la política climática. Siglas y Definiciones MDL. Mecanismo de desarrollo limpio CER. ERU certificada de reducción de emisiones. Unidad de reducción de emisiones En los últimos años, la economía del cambio climático y el comercio de carbono han pasado del ámbito académico a los titulares de las primeras páginas de los periódicos principales. Esto se debe en parte a que el cambio climático ha avanzado en la agenda política, promovida por eventos climáticos como la ola de calor europea en 2003, el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005 y las sequías, los incendios forestales y la nieve (casi simultáneamente) en Australia En 2006. El cambio climático no sólo se ha situado en la cima de las naciones del Grupo de los Ocho (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y la Unión Europea ), La compensación de carbono ha capturado el interés de las personas y las empresas que quieren hacer su parte para la atmósfera. El interés de los medios de comunicación se ha visto reforzado por la introducción en 2005 del sistema paneuropeo de comercio de derechos de emisión (ETS) y la publicación del Informe Stern sobre la economía del cambio climático (1). Toda esta reciente actividad y publicidad podría dar la impresión de que el comercio de carbono es una idea radicalmente nueva. Sin embargo, los fundamentos conceptuales para el comercio de carbono comenzaron en 1920 con Pigou (2), quienes señalaron los beneficios sociales de obligar a las empresas a pagar los costos de su contaminación y fueron desarrollados por Coase (3), quienes mostraron que asignar propiedades Derechos y permitir el comercio pueden producir resultados eficientes. La primera aplicación explícita de estas ideas a la contaminación fue propuesta en 1968 por Dales (5). En un esquema típico de límite máximo y comercio, el gobierno emite un número total de permisos, o concesiones, que otorgan a las empresas el derecho a emitir contaminación. Debido a que se emiten menos derechos que las empresas, las asignaciones son valiosas y se negocian con un precio positivo. El precio proporciona a las empresas un incentivo para reducir sus emisiones cuando es más barato que comprar subsidios. En resumen, la teoría básica del comercio de emisiones se ha establecido durante casi cuatro décadas. Tampoco la práctica del comercio de emisiones es particularmente novedosa. El comercio de dióxido de azufre (SO 2) y óxidos de nitrógeno (NO x) comenzó en los Estados Unidos en los años noventa (6). Fue recibido con escepticismo, pero ahora es visto por muchos como un éxito. El comercio de carbono, que se refiere al comercio de emisiones de seis principales gases de efecto invernadero, 2 es más reciente. El ETS de la UE es el mayor esquema hasta la fecha, aunque no es el primero, y sólo limita las emisiones de dióxido de carbono de Europes de las instalaciones industriales fijas, dejando a los otros cinco gases de efecto invernadero Medidas de política. Antes del ETS de la UE, varios gobiernos habían implementado esquemas de comercio de carbono, incluyendo el Reino Unido en 2002 y el estado australiano de New South Wales en 2003. El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) A través de tres mecanismos flexibles, durante su primer período de compromiso de 2008 a 2012. Aunque el primer período de compromiso aún no ha comenzado, los primeros tráficos de carbono avanzados ocurrieron muchos años antes, mucho antes de que el Protocolo entrara en vigor el 16 de febrero de 2005, Las primeras operaciones voluntarias (por parte de partidos no sujetos a requisitos reglamentarios) se produjeron hace casi dos décadas, a finales de los años ochenta. Lo que es nuevo, sin embargo, es la gran escala de la empresa. El Protocolo de Kioto ha impulsado la aparición de importantes mercados internacionales de carbono, de los cuales el más grande es el ETS de la UE. Sólo en 2006 se estimó que los mercados internacionales de carbono habían entregado más de 30.000 millones de dólares, y el valor agregado anual de los permisos para emitir dióxido de carbono en el ETS de la UE, llamados EU Allowances (EUAs) valía aún más. Cualquier análisis de la situación más amplia (véase la sección 2) sugiere que ésta es sólo la punta del iceberg si la humanidad va a lograr las reducciones de emisiones necesarias para evitar una interferencia antropogénica peligrosa con el clima, que también es económicamente razonable. Una gran cantidad de viajes sobre el éxito o fracaso de este experimento socioeconómico global en la mercantilización y el comercio de carbono. Este capítulo ofrece una visión general y una evaluación del comercio de carbono y los mecanismos flexibles de Kioto. Lo que se ha logrado hasta ahora ¿Cuáles son los problemas cruciales? ¿Qué desarrollo futuro es probable? Por último, ¿cuáles son las direcciones para futuras investigaciones relevantes para la política? La Sección 2 ofrece una breve panorámica de la situación general, Destinada a abordar. En la sección 3 se examinan los tres mecanismos de Kyoto. La Sección 4 examina cómo estos mecanismos han facilitado o estimulado el comercio de carbono en todo el mundo. La Sección 5 intenta una evaluación de los resultados hasta ahora de este gran experimento. La Sección 6 considera las direcciones futuras, y la Sección 7 concluye. 2. EVALUACIÓN DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 6. EVOLUCIÓN DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 6. INSTRUCCIONES FUTURAS Cualquier examen del comercio de emisiones de carbono debe tener en cuenta: Ser informado por la magnitud del problema al que se le pide que se ocupe. El tamaño del desafío se desprende de una simple aritmética en los Informes de Evaluación Tercera y Cuarta del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) (7.8). Desde el inicio de la Revolución Industrial, casi 300 gigatoneladas de carbono (GtC) han sido liberados a la atmósfera. La estabilización de la concentración atmosférica de dióxido de carbono a alrededor de 450 partes por millón por volumen (ppmv), lo que puede suponer una probabilidad de exceder el calentamiento 2C (1), requiere emisiones acumuladas desde la Revolución Industrial por debajo de 670 GtC .3). De manera muy aproximada, entonces, un objetivo de 450 ppmv nos deja con una reserva atmosférica de alrededor de 370 GtC. Sin embargo, el consumo de reservas probadas de petróleo y gas convencionales añadiría otros 200 GtC a la atmósfera y es probable que existan reservas sustanciales de petróleo y gas de más de 200 GtC que actualmente no se consideran probadas o no convencionales. Además, hay más de 1000 GtC disponibles en reservas probadas de carbón (7. 3.8.3). El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (8) estima que en 2004, las emisiones anuales globales de todos los gases de efecto invernadero ponderadas por sus potenciales de calentamiento global totalizaron 49 GlCO2 e (aproximadamente 13 GtC) de las cuales las emisiones de CO 2 e fósiles Quema) constituía 30 GtCO2e (aproximadamente 8,2 GtC). Estas cifras se han traducido a menudo en una llamada a reducir entre 60 y 80 las emisiones de 1990 para 2050, lo que ha llevado a la adopción de 2050 objetivos por el Reino Unido (60), Francia (7580) y California (80). 3 A modo de comparación, las reducciones de emisiones generadas por el mercado multimillonario creado por el ETS de la UE representarán casi con seguridad menos de 1 de las emisiones globales. 4 Para que el comercio de carbono contribuya significativamente a lograr reducciones globales de las emisiones de 60 a 80 en 2050, los mercados del carbono deberán expandirse muy rápidamente en las próximas décadas. Se podrían requerir flujos netos de hasta US $ 40.000 millones al año, suponiendo que los países desarrollados asuman la responsabilidad de las reducciones de 90 para 2050 y asumiendo que 50 de sus esfuerzos financieros están dirigidos a los países en desarrollo (1). Idealmente, las lecciones de nuestra experiencia hasta la fecha serían aprendidas y aplicadas antes de que ocurra tal expansión. La importancia y la naturaleza del desafío del cambio climático implica que habrá que emplear otros instrumentos políticos además del comercio de carbono. Los impuestos y las subvenciones también pueden crear un precio explícito para el carbono, y la regulación crea un precio implícito del carbono. La provisión de información y otros programas explícitos centrados en el cambio de comportamiento también tienen un papel importante que desempeñar. Sin embargo, en parte debido a su lugar central en el Protocolo de Kyoto, el comercio de carbono es actualmente el instrumento más importante dentro de la política climática global. Aunque los impuestos son más eficientes bajo la incertidumbre del cambio climático sobre horizontes de política cortos como 510 años (11), existen al menos siete razones por las cuales el comercio es dominante: los impuestos armonizados internacionales son difíciles de aprobar por los países. A diferencia del comercio, los impuestos no apoyan automáticamente las transferencias internacionales de riqueza necesarias para descarbonizar las economías de los países en desarrollo. A diferencia del comercio, los impuestos no crean un lobby del sector privado en favor de objetivos más estrictos. Los grupos de presión de la industria son a menudo estridentes contra impuestos. Los grupos de presión medioambientales suelen estar en contra de los impuestos porque los impuestos no imponen una restricción cuantitativa a las emisiones. A menos que se construyera un sistema de créditos fiscales, los impuestos sobre el carbono serían menos eficaces para promover la creación de empresas especializadas con experiencia específica y un negocio básico para reducir las emisiones de carbono. El comercio puede aumentar la atención de la administración en el carbono debido a la zanahoria de las oportunidades de ganancias, mientras que los impuestos operan sólo por el palo de los costos de negocios adicionales. Además, aunque el comercio es claramente menos eficiente bajo la incertidumbre que los impuestos sobre los horizontes a corto plazo, el diseño cuidadoso de los esquemas de comercio para hacerlos más precio como (12) reduciría la diferencia de eficiencia entre los impuestos sobre el carbono y el comercio. Por lo tanto, aunque no es imposible que los gobiernos puedan cambiar el enfoque a los impuestos mundiales coordinados sobre el carbono, estas razones sugieren que el comercio debe y seguirá desempeñando un papel central en la provisión de señales de precios de carbono después del primer período de compromiso. Esta sección examina el comercio de carbono a nivel internacional, en el marco del ETS europeo, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), a través de la Implementación Conjunta (JI) ya través de otros mercados de carbono. 3.1. Fundamentos conceptuales Los tres mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto están diseñados para permitir que las reducciones de emisiones se produzcan en los lugares más baratos del mundo. El primer mecanismo, el comercio de derechos de emisión, puede ocurrir entre países con objetivos vinculantes, de modo que los países puedan alcanzar sus objetivos nacionales mediante la compra de créditos de otros países que han superado sus objetivos. La mayor aplicación del comercio de emisiones hasta la fecha ha sido el ETS de la UE. Second, the CDM is a project-based mechanism that allows credits from emission reduction projects in poorer countries to be used by rich countries to meet their own commitments under the Kyoto Protocol. Third, JI is also a project-based mechanism that enables countries with binding targets to get credit from projects carried out in other countries with binding targets. 5 All three mechanisms rest on the Coasian solution for the tragedy of the commonsprivatize the commons and trade the resulting property rights. It is clear from economic theory, if not also common sense, that well-informed trade between two consenting parties is likely to improve the lot of both parties. 6 Every time you go to your local store to purchase some bread you are engaging in mutually welfare-enhancing trade. Similarly, with environmental assets, under some relatively straightforward conditions, economic theory implies that an ETS will deliver emission reductions at least cost to society. There is evidence to support this assertion from experience in other environmental and nonenvironmental contexts ( 14. 15 ). Nevertheless, many people consider that the creation of markets in environmental assets is ethically dubious at best, if not obnoxious (16 see also 17). Some conceptualize the emerging carbon markets as neoliberal accumulation by decarbonisation ( 18 ). Noting with concern that the Kyoto flexible mechanisms were made in the USA ( 19 ), Lohmann ( 20 ) argues against carbon trading on the grounds that it reduces the political space available for education, movement-building and planning around the needed fair transition away from fossil fuels. And some environmentalists have denounced carbon trading by comparison with the sale of indulgences by the Catholic church in the early sixteenth century ( 21 ). In addition to these (more fundamental) ethical disagreements, mainstream economic theory also stresses that an efficient outcomewhere it is impossible to make someone better off without making someone worse offis not necessarily fair, equitable, or desirable ( 4 ). In environmental markets, fairness depends in large measure (but not entirely) on the initial allocation of the property rights. Some have argued that these new property rights will be acquired by those who have the most power to appropriate them and the most financial interest in doing so ( 20 ). This review examines equity issues involved in carbon trading and addresses its shortcomings in practical implementation without entering any further into deeper debates about the legitimacy of the market system in which most of us operate. 3.2. International Emissions Trading and the Carbon Markets Article 17 of the Kyoto Protocol allows Annex B 7 countries to participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments, provided that trading is supplemental to domestic action. This allows nation states who would not otherwise meet their commitments to purchase units from other states in the form of Assigned amount units (AAUs), the unit assigned directly to nation states under the Kyoto Protocol Removal units on the basis of land use, land-use change and forestry (LULUCF) activities. The merit and likelihood of any direct trade of AAUs between nation states is currently controversial. Targets for the Kyoto Protocol commitment period of 2008 to 2012 are referenced to the emissions baseline in 1990, and the recession following the collapse of the Soviet Union has left Russia and the Ukraine with a significant surplus of AAUs, which might exceed the net demand for AAUs from other nation states. 8 Because this surplus has not resulted from efforts to transition to a low-carbon economy, it is widely referred to as hot air . and countries such as Austria, Germany, and The Netherlands have stated that they will not buy Russian or Eastern European hot air unless the payments are greened by being directed to producing other environmental benefits through a Green Investment Scheme ( 22 ). In contrast to AAU trades, trading through the major subsidiary scheme of the Kyoto Protocol, the EU ETS, is vigorous. Carbon trading on the EU ETS in 2006 comprised 67 of the global carbon markets by volume, and 81 by value, as shown in Figure 1 ( 23 ). Because of the importance of the EU ETS, it is examined in more detail in Section 3.3 below. The CDM (Section 3.4) comprises the vast majority of the remaining volume of trades, with very small quantities traded thorough JI (Section 3.5) and other carbon markets (Section 3.6). Figure 1 Carbon trading activity in different market segments in 2006. Abbreviations: CDM, clean development mechanism EU ETS, a pan-European Emissions Trading Scheme JI, Joint Implementation. 3.3. The European Emissions Trading Scheme The EU ETS was launched by the 25 countries of the European Union on January 1, 2005, and was intended to be the primary mechanism for achieving compliance with the EU-15 target of an 8 reduction in emissions under the Kyoto Protocol. 9 The first commitment period of the Protocol runs from January 2008 to December 2012, so this initial phase of the EU ETS (Phase 1), which concludes in December 2007, was designed to familiarize European firms with emissions trading and to promote learning by doing. The scheme covers over 11,000 installations, including combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants, and factories making cement, glass, lime, brick, ceramics, pulp, and paper. However, land and air transport are notably absent, and the EU ETS only covers the most important greenhouse gas, CO 2 . Nevertheless, because it covers almost half of the total European CO 2 emissions, it is the most important European climate policy instrument. As Figure 1 illustrates, it is the largest carbon market in the world by a substantial margin, both by value and by volume. Moreover, the EU ETS is driving much of the activity in the CDM, and these two markets combined comprise over 96 by volume and over 98 by value of the worlds carbon markets. The tradable instrument is termed an EUA and is distributed to firms according to National Allocation Plans (NAPs). The NAPs are determined by discussion and negotiation between member states and the participating firms, and the NAPs are then submitted to the European Commission for approval. The NAP development process is not particularly transparent, but well over 90 of the EUAs in both phases 1 and 2 are given to firms for free (rather than being sold at auction) and are primarily based upon historical emissions ( 24 ). In phase 2, member states can increase the share of auctioning up to 10 without prior acceptance by the Commission, and no member state has proposed auctioning a proportion greater than 10. The EU ETS has become the hub of the global carbon markets through the implementation of the Linking Directive (2004/101/EC), which came into force November 13, 2004, and allows for the use of credits from CDM and JI projects by firms in the EU ETS. 3.4. The Clean Development Mechanism Under Article 12 of the Kyoto Protocol, the CDM was established to help non-Annex I countries in achieving sustainable development and to provide Annex I countries with an alternative mechanism for complying with their targets. The CDM does this by allowing Annex I governments or private entities to accrue CERs from project activities in non-Annex I countries from the year 2000. CERs are only created if all parties give their voluntary approval and if the emissions reductions are real, measurable, and additional. The process for putting together a project under the CDM requires the project developer to satisfy a number of procedural stages. These hurdles can involve relatively high transaction costs, although there are simplified procedures for small-scale projects. Projects are proposed in a formal Project Design Document, which presents detailed information, including a study of what would have occurred without the project (the baseline), a monitoring and verification plan to determine the quantity of emissions reduced that are additional to the status quo, coupled with an estimate of expected emission reductions. Projects are assessed against approved methodologies for determining the baseline and monitoring process. If the project is novel and employs a methodology that has not yet been approved by the CDM Executive Board (CDM EB), further cost and delay are involved in submitting the methodology for approval. The Project Design Document must then be validated by a Designated Operational Entity, which assesses whether the project passes the relevant criteria, most crucially the additionality criteria. After validation, formal acceptance of the CDM project occurs once it is registered by the CDM EB. After registration, the projects monitored emission reductions are periodically verified and certified by a Designated Operational Entity. On the basis of a certification report, the CDM EB issues CERs via the CDM registry and forwards them into the account(s) specified by project participants. Typical projects to date have included renewable energy projects (wind, smaller-scale hydro, renewable biomass) and the capture of destruction of damaging greenhouse gases such as methane, nitrous oxide, and hydrofluorocarbons (see Section 5.2, below). Although CERs produced by a CDM project will, in due course, be effectively fungible with EUAs by virtue of the Linking Directive, they currently trade at a variety of price discounts as a function of the various risks that may be applicable. These include the risk that the project will deliver fewer emission reductions than planned, that problems or delays will arise in the UNFCCC administrative process (such as problems with the project methodology, project registration, or verification of CERs), that national caps will restrict the ability CERs, and some residual risks relating to UNFCCC International Transaction Log and the European Community Independent Transaction Log, the technology that links registries together and allows CERs to be employed within the EU ETS. Despite these various hurdles, in June 2006, the UNFCCC announced the milestone that projects conducted under the CDM would reduce emissions by the equivalent of 1 billion tonnes of CO 2 by 2012, and by May 2007, there were over 1800 CDM projects in the pipeline. At the time of publication of this article (i. e. late 2007), this figure is expected to have doubled. A more detailed assessment of the CDM is contained in Section 5. 3.5. Joint Implementation JI under article 6.1 of the Protocol allows the transfer or acquisition of ERUs between Annex I states, which are also engaged in emissions trading. These ERUs can result from projects in any sector of the economy (not just the sectors covered by the EU ETS), and they have to be approved by the relevant parties and be considered supplemental to domestic actions. JI processes have similar processes and institutions to the CDM. Sellers of ERUs are primarily from Russia and Eastern Europe, whereas the buyers are primarily Western European countries with tighter Kyoto targets. More background information on JI is presented in References 25 and 26 . 3.6. Other Carbon Markets The remaining carbon markets form a tiny fraction of the total volumes and do not come under the umbrella of the Kyoto Protocol. The largest of the remaining markets in terms of physical volume (66) and financial value (90) is a scheme in New South Wales, Australia, which results from a mandatory cap on power suppliers ( 27 ). Like the EU ETS, this market allows offset projects, but at present, only Australian projects are permitted. Another peripheral market is a voluntary scheme run by the Chicago Climate Exchange. In addition to these markets, there has been an explosion of interest in voluntary offsetting by individuals and corporations over recent years, especially to cover emissions from air travel. A thriving consumer-led market, which has not arisen in response to government regulation, is developing. One consequence of this is that standards have been patchy, although more recently offset retailers and nongovernmental organizations (NGOs) have collaborated to develop standards and procedures that are similar to the procedural requirements of the CDM but are more closely tuned to consumer demands. Being closer to consumer needs, this market is also the subject of more probing criticism by journalists ( 21. 28. 29 ) and NGOs. Nevertheless, because voluntary markets enable more direct finance of small community projects, they may be better than the CDM for encouraging sustainable development ( 18 ). Some commentators forecast that as individuals come to understand climate change and want to take personal action, voluntary markets will increase rapidly in volume, potentially to several hundred million tonnes of CO 2 e per annum by 20092010 ( 30. 31 ). Although there is speculation that the voluntary markets could eventually overtake compliance markets ( 32 ), it seems unlikely that altruistic sentiment alone could form the main driver of global emission reductions. (See Reference 33 for more discussion of voluntary markets.) However, both the Carbon Trust ( carbon-label. co. uk / ) and the Climate Group ( theclimategroup. org/assets/carbonstewardshipcouncildiscussionpaper. pdf ) are supporting carbon labeling of consumer products, which, among other things, may stimulate the market for goods and services with bundled voluntary offsets. Assessment of the performance of current carbon trading arrangements requires two preliminary stages, namely the specification of a plausible counterfactual and the specification of criteria of assessment. Different counterfactuals are responsible for a great deal of debate about the merits of carbon trading. If the counterfactual is no action, and no prospect of future action, on climate change, then carbon trading inevitably receives a positive report card. In contrast, if the counterfactual is an idealized state (e. g. rigorous carbon reduction policies that would be put in place by an omniscient global government), then carbon trading as it currently exists is an unambiguous failure. A more realistic counterfactual might consist of a patchwork of different carbon taxes in different countries, with some attempt at global harmonization and with some (probably limited) side payments designed to encourage participation. The criteria employed here include effectiveness (in delivering emission reductions), efficiency (at least cost), and equity (with acceptable distributional consequences). Dynamic issues and political factors are kept in mind. Perhaps the most remarkable feature of the EU ETS is that it exists at all, given that its creation involved extraordinary challenges of coordination between European bodies, member states, and a variety of different private entitieseach with different interests. The most important single feature of the EU ETS so far is that Europe now has a coordinated and explicit carbon price that is being reported across the continent in mainstream newspapers. The carbon markets have stimulated private-sector interest and finance and have contributed to the shift in the attention of European board rooms toward climate change as a pressing problem. Although the spot carbon price has been extremely volatile and is currently (in June 2007) at an all-time low, there is some evidence that it has prompted some abatement efforts from European firms. Ellerman amp Buchner ( 9 ) attempt to determine the extent to which the current low prices in the EU ETS are the result of overallocation or abatement. Their results are very tentative, but their analysis suggests that CO 2 emissions were reduced by an amount that was probably larger than 50 million tons and less than 200 million tons. Interestingly, a 2006 survey of European firms found that the EU ETS had prompted 15 of respondents to take abatement measures, and the same survey, repeated in 2007, found that 65 of respondents had taken some abatement measures ( 27 ). These achievements, however, are simply too modest when compared with the magnitude of the challenge. Moreover, there are a substantial number of problems with the design of first Phase of the EU ETS, which do not appear to have been corrected for Phase 2. Perhaps the most egregious problem is the fact that EUAs are distributed for free, as a rough function of past emissions. As is well known within economics, this leads to perverse dynamic effects where firms have an incentive to emit more now in order to receive a larger free allocation in the future. Furthermore, allocating EUAs for free inevitably results in rent-seeking behavior by firms as they invest valuable resources in lobbying to obtain a higher allocation. Hepburn et al. ( 34 ) note that these problems can be resolved by auctioning the EUAs. As well as resolving the above flaws, auctioning brings three additional benefits. First, auctions induce the private sector to reveal their expected abatement costs to government, reducing problems of asymmetric information. Second, auctioning allowances promotes greater managerial focus on emissions trading, which is likely to increase (cost-effective) abatement effort. Third, free allocation is a regressive transfer of wealth from (relatively poor) citizens to (relatively wealthy) shareholders. Hepburn et al. ( 35 ) estimate the proportion of allowances that should be given to firms if policy makers are to leave firm profits unchanged before and after the introduction of the scheme. They find that in many industries more than 50 of the allowances could be auctioned without damaging firm profits. It is not surprising, therefore, that utilities in the United Kingdom are estimated to have made 800 million in windfall profits ( 36 ). Policy makers elsewhere are taking heed of these lessons from the EU ETS, and current policy proposals in the United States and Australia contemplate auctioning at least a significant proportion of allowances (generally above 50 and often 100). Strangely it is within the Europe that these lessons appear to be being ignored: No member state is contemplating auctioning any more than 10 of allowances in Phase 2 of the EU ETS. Another important problem with the EU ETS is that the determination of the NAPs involves asymmetric information and lobbying. Government is relying upon firms to reveal their abatement cost curve in order to determine an appropriate NAP. Yet firms have an incentive to bias their cost estimates upward in order to obtain a more generous allowance and a looser cap. Uncertainty is important in this context ( 37 ), and although Ellerman amp Buchner ( 9 ) do find some evidence of abatement, they also conclude that overallocation of EUAs has been partly to blame for the extremely low market prices. Although the European Commission has acknowledged these lessons and cut allocations for the 2008 to 2012 period, uncertainty in future economic conditions and emissions implies that even these cutbacks cannot guarantee that the market in phase 2 will not show a similar overallocation with prices close to zero. One of the most crucial tests of whether a climate policy is fit for purpose is whether it provides appropriate long-term incentives. Investment in energy generation assets, in particular, is forward looking over several decades, so the expected carbon prices from 2012 to 2030 are more important than the spot price today. Unfortunately, both the Kyoto Protocol, with its five-year commitment period, and the EU ETS, with five-year phases, provide little or no incentive for long-term low-carbon investment today. Firms making such investments have to gamble that governments will be able to agree on tight targets and that the regime in place in a decade or more is one that will provide them with an adequate return on low-carbon assets to make investment worthwhile. And stimulating low-carbon investment is important if emission reductions of 60 or greater are to be achieved by 2050. Under such circumstances, designing policy instruments to focus on the least-cost emission reductions in the short term may be suboptimal in the long term if these reductions result in locked-in use of carbon-intensive technologies for the next decade. 10 A final problem arises with the way information has been revealed to the market. In late April and early May 2006, installation-level data for verified emissions and allowance allocations were released, indicating that the market was oversupplied with allowances by around 80 million tonnes ( 9 ). Prices fell by 70 in just three weeks, from 30 to 9, reflecting an overestimate by the market of counterfactual emissions (owing to rising real output, adverse weather, and higher gas prices relative to coal) and an underestimate of abatement. In either case, it is arguable that market-sensitive information should be released as gradually as possible to reduce price volatility. This section considers the achievements and problems of the CDM. The most important achievement has been substantial emission reductions at relatively low cost, accomplished through international carbon finance transfers. However, the Mechanism has come under attack for a variety of reasons. In some respects, the CDM has been the success story of carbon trading to date. The UNFCCC announced in late 2006 that the CDM was expected to generate 1 billion tCO 2 e in CERs. This number is predicted to increase, and the CDM is projected to deliver over 275 MtCO 2 e annually of emission reductions over the first commitment period from 2008 to 2012 ( 39. 40 ). It has provided a platform for engaging the developing world in efforts to mitigate climate change and has, along with the EU ETS, played an important role in driving private-sector interest in projects to reduce emission reductions. As a market, the CDM is functioning largely as one would expect it to. Despite the costs and barriers described in Section 3.4, the private sector has developed a wide range of methodologies to reduce emissions, which have been submitted for approval to the CDM EB, and efforts have focused on the low hanging fruit, or the cheapest emission reductions. In short, the CDM market has directed private-sector efforts to the short-term efficient outcome. The short-term efficient outcome, however, involves emission reduction projects being concentrated in relatively few countries, particularly China and India, and further being focused on non-CO 2 gases in relatively few industry sectors, in particular on HFC-23 from refrigerant manufacturing, as shown in Figure 2 . which is derived from the data from the UNEP CDM pipeline of 1885 projects (as of May 1, 2007) (see cdmpipeline. org / ). The preponderance of CERs from HFC-23 projects reflects the fact that HFC-23 has a very high global warming potential: Reducing one tonne of HFC-23 emissions has the same impact on atmosphere as reducing 11,700 tonnes of carbon dioxide emissions. As such, it is easy to generate large amounts of CERs from HFC capture and destruction. So although the CDM is functioning as it would be expected to, its design is failing to achieve two important objectives. First, as with the EU ETS, the CDM is doing relatively little to address the crucial long-term need to reduce CO 2 emissions from the energy sector at a time when high-carbon capital assets are being locked in. For instance, the CDM has done very little to stop China from rapidly adding coal-fired power-generating capacity, most of which is likely to still be operating in several decades, and most of which will be expensive to retrofit with carbon capture and sequestration technology ( 41 ). 11 The relatively slow and cautious approach of the UNFCCC has, to date, failed to produce any clear signal to these developing economies about the technologies, programs, and policies that may be of central importancecarbon capture and sequestration and energy efficiency being good examples. Second, it is contributing very little to sustainable development in the poorest countries, which was one of the original objectives of the mechanism. 12 In particular, projects in Africa constitute a tiny percentage of the total. Figure 2 Concentration of clean development mechanism (CDM) projects by industry and country. ( a ) Expected certified emission reductions (CERs) issued to 2012 by sector. ( b ) Expected CERs issued to 2012 by country. Abbreviation: HFCs, hydrofluorocarbons. The CDM can also be viewed as a subsidy ( 44 ), rather than a market, because it is a mechanism by which the nations with Kyoto targets fund less-developed countries to reduce their emissions. A well-designed subsidy would achieve the desired objective of reducing emissions at the lowest cost to the public purse. Although the CDM seeks out and finds the cheapest projects, it performs rather poorly as a subsidy because buyers in Western Europe are paying high prices that are set primarily by the balance of supply and demand in the EU ETS. Indeed, in some instances, the price paid is approximately 10 times the marginal cost of abatement for HFC-23 projects in China. So, although the CDM is efficient as a market mechanismit seeks out the cheapest projects, it is not a very cost-effective subsidy because it allows large transfers of rents to project developers in the less-developed world. As the CDM market is an artificial one designed to achieve social goals, there is no reason the government should not work to improve its design to better achieve those goals. One approach would be to restrict the CDM to carbon dioxide (and perhaps methane) and rely on financial inducements to encourage China (and others) to ban the emission of gases such as HFC-23 with a high global warming potential (GWP) ( 44 ). A complicated and unappealing alternative would be to retain one market for all gases, but to adjust the exchange rate between gases. For instance, gases could be valued according to their maginal cost of abatement, instead of their GWP (which reflects the marginal damage of emissions). However, agreeing to standardized marginal abatement costs would be a scientific, economic, and political nightmare. A third alternative would be to organize a buyers cartel, so that the buyers could pay around the marginal cost for emission reductions, thereby achieving far greater reductions for the same amount of (Western European) money. Similar questions are arising in the forestry sector, which may have much lower marginal abatement costs than the energy generation sector. The CDM has also created some perverse incentives ( 1. p. 505). Both private participants and governments of developing countries face issues of moral hazard. Governments have an incentive not to impose regulations on emissions if this means that lucrative CDM projects are incorporated into the baseline. In other words, the CDM reduces the incentives of developing country governments to enact policies reducing emissions. Project participants have an incentive to design their projects so that they just, at the margin, fail to be economically sensible without the support of carbon finance through the CDM. As alluded to above, transaction costs of the CDM can be rather high because of the requirement to demonstrate project additionality on a case-by-case basis. This requires showing that the project will reduce emissions above and beyond the business-as-usual or baseline scenario. Although this might sound fairly straightforward, in practice additionality is an extremely subtle and complex concept, largely because it inevitably involves speculation about what would have happened in the absence of the project obtaining carbon finance. 13 Stern et al. ( 1. p. 505) note that it has proved difficult to establish methodologies to demonstrate project additionality for transport and energy efficiency in sectors dominated by small - and medium-sized enterprises because transaction costs are more difficult to overcome. Criticisms have been leveled at the United Nations bureaucracy running the CDM, including the assertions that the CDM EB has been too weak or too onerous and certainly too slow. Until extra funding was provided at the Conference of the Parties (COP) 11 at Montreal in 2005, there was broad agreement that the CDM EB and methodology panel were seriously underresourced ( 45 ). More recently, industry participants were expressing the view that the CDM EB should be professionalized such that its members are paid for their services. Finally, almost by definition, the CDM can only ever serve as a transitional mechanism because it does not generate emission reductions above and beyond those required by developed country targets ( 1 ). Indeed, one might even argue that the CDM is responsible for a net increase in emissions ( 46 ). The conclusion rests upon the assumptions that ( a ) the targets agreed to in Kyoto would have been identical without the CDM ( b ) those targets would have been met entirely through domestic emission reductions in the absence of the CDM and ( c ) a proportion of the emissions reductions under the CDM are not actually real and additional. If these assumptions hold, then it follows that incorporating the CDM actually increases net global emissions. The conclusion, of course, is only as good as its assumptions, which may be debated. Irrespective, like the EU ETS, it is clear that at present the scale of the problem (the need to decarbonize growing developing economies) and the scale of the response (the CDM) are clearly mismatched. Carbon trading is likely to expand to cover more countries, more sectors, and longer time periods. This section considers some of the issues arising from the expansion of carbon trading. 6.1. Geographical Expansion The Linking Directive of the European Commission integrated the EU ETS with the CDM and JI markets. Now other fledgling markets are considering the possibility of potential linking with the EU ETS. These include the U. S. Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), which covers emissions from the power sector in the northeastern United States, 14 various initiatives on the West Coast of the United States, 15 and the schemes under development in Australia at both the State and Commonwealth levels. 16 Although participants within the EU ETS cannot use credits from other markets for compliance with Kyoto targets, the converse may well end up being possible, and it seems likely that one-way links will be devised where CERs are used for compliance on other emissions trading markets. Indeed, a survey by Point Carbon, a provider of news about the carbon markets, revealed that 50 of responding subscribers thought that a Canadian and U. S. federal ETS would be linked with the EU ETS post-2012. 17 A major advantage of linking markets is that this establishes related (or identical) carbon prices in different geographies. Furthermore, deepening the carbon markets is likely to reduce transaction costs and increase efficiency. Nevertheless, at present, the emissions covered by the EU ETS and the CDM amount to a very small fraction of the global total. Extending the EU ETS such that it covers the power and industrial sectors in Australia, Canada, the European Union, Japan, and the United States would correspond to a 2.5-fold increase in the scale of the scheme ( 1 ). Extending the scheme to cover all fossil emissions from the top 20 global emitters would expand the ETS by a factor of almost five, so that 80 of global CO 2 emissions would be covered with annual allowances worth up to US350 billion (at an assumed carbon price of 40/tCO 2 e). 6.2. Sectoral Expansion As the commencement of the first commitment period of the Kyoto Protocol draws nearer, calls to expand the sectoral coverage of carbon trading have grown louder, particularly with regard to aviation and also to the reversing current trends in deforestation. Other developments, motivated in part by the logic of broader investments in energy efficiency, have concerned the introduction of programmatic and policy-based CDM. Proposals to include the aviation sector within the EU ETS have been advanced by both the EU Commission and the EU Parliament. 18 This now seems a likely outcome, because on December 20, 2006, the EU Commission adopted a proposal for legislation ( ec. europa. eu/environment/climat/aviationen. htm ) that would include flights both departing and arriving within Europe in the EU ETS as of 2011 and that would extend coverage to all flights to or from Europe in 2012. Despite the disproportionate focus of the popular press on forestry-based voluntary offsets, projects within LULUCF have not yet been a significant feature of the Kyoto flexible mechanisms. To start with, the scope of forestry activities eligible for the CDM is limited to afforestation and reforestation projects, thereby excluding projects that prevent deforestation. Moreover, it was not until relatively recently that initial baseline and monitoring methodologies for CDM LULUCF projects were approved. Finally, unlike other CDM projects, LULUCF projects carry a risk of fire or conversion of forests back to pasture. As such, CERs from LULUCF projects have a limited duration and have to be replaced upon expiry. Various proposals are now under consideration to provide economic incentives for avoided deforestation ( 49 ). Finally, at the Montreal COP 11 in 2005, the UNFCCC approved the concept of programmatic CDM, which allows for developing world countries to gain credits from programs that aggregate up many smaller emission reductions (such as those from households, small businesses, and transport). This will likely allow broader inclusion of sectors that have diffuse, rather than point, emission sources and that simply would not make profitable projects without the economies of scale accessible through a larger program. Further extensions to yet more sectors might involve policy-based CDM, which would provide developing country governments with CERs for the introduction of broader policies that reduce emissions ( 50 ). This would reduce some of the perverse incentives noted above. 6.3. Temporal Expansion As discussed, a central problem facing investors in low-carbon technologies is that there is no carbon market over the relevant investment period. In its current form, the EU ETS runs until 2012 (coincident with the Kyoto commitment period), after which there are no binding targets, only a reassurance from the EU commission that the market will continue. This imposes political risk on investors, who are left to predict what governments will do after 2012 when the duration of their project may be 3040 years. Uncertainty about future carbon markets effectively transfers political risk from the government to the private sector, which is an inefficient risk allocation. The problem is not resolved by long-term aspirational carbon targets of the sort announced by the United Kingdom, France, and California because the party making the promise is unlikely to be in power for the next 30 to 40 years and may not have to abide by the promise. A clear signal from governments about the likely acceptability of different types of projects would reduce private-sector risk. So, for instance, the private sector would be interested now in the types of large-scale programs that could become eligible for accelerated recognition. For example, a signal on whether and how carbon capture and storage may be eligible for crediting under the CDM could provide important incentives. However, the question remains as to whether government is subject to any penalty for breaking its word. What is needed is a policy structure that has predictability and credibility, which might be designed by building a respected institution by analogy to the Monetary Policy Committee of the Bank of England ( 51 ) or by using legal means to contractually bind the government to its promise ( 52 ). At the time of writing (i. e. May 2007), the U. K. government is taking the former idea seriously through the establishment of a Committee on Climate Change, which will advise the government on reaching its 2050 target and will report annually on progress toward this goal ( 53 ). In the absence of these stronger mechanisms, agreement on commitment periods longer than five years (as under the Kyoto Protocol) is desirable to provide clearer long-term carbon price signals ( 1. p. 332). 6.4. Caps and Allocations As noted above, tighter caps would increase the carbon price and ratchet up the incentives for low-carbon investment. Moreover, a very strong conclusion from the economic literature is that a large proportion of the cap should be auctioned ( 35 ). Toman MA, Morgenstern RD, Anderson J. 1999. The economics of when flexibility in the design of greenhouse gas abatement policies. Annu. Rev. Engery Environ. 24:43160 Mitchell RB. 2003. International environmental agreements: a survey of their features, formation, and effects. Annu. Rev. Environ. Resour. 28:42961 Chong H, Sunding D. 2006. Water markets and trading. Annu. Rev. Environ. Resour. 31:23964 Figure 1 Carbon trading activity in different market segments in 2006. Abbreviations: CDM, clean development mechanism EU ETS, a pan-European Emissions Trading Scheme JI, Joint Implementation. . Carbon trading on the EU ETS in 2006 comprised 67 of the global carbon markets by volume, and 81 by value, as shown in Figure 1 (23). . As Figure 1 illustrates, it is the largest carbon market in the world by a substantial margin. Stern NH, Peters S, Bakhshi V, Bowen A, Cameron C, et al. 2006. Stern Review: The Economics of Climate Change . Cambridge, UK: Cambridge Univ. Prensa . Media interest has been heightened by introduction of the pan-European Emissions Trading Scheme (EU ETS) in 2005 and the publication of the Stern Review on the Economics of Climate Change (1). . Any analysis of the bigger picture (see Section 2 below) suggests that this is just the tip of the iceberg if humanity is going to achieve the emission reductions necessary to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate, which is also economically sensible (1). . which may involve an 50 probability of exceeding 2C warming (1). . assuming that developed countries take responsibility for reductions of 90 by 2050 and assuming that 50 of their financial effort is directed to developing countries (1). . The CDM has also created some perverse incentives (1, p. 505). . largely because it inevitably involves speculation about what would have happened in the absence of the project obtaining carbon finance.13 Stern et al. (1. . the CDM can only ever serve as a transitional mechanism because it does not generate emission reductions above and beyond those required by developed country targets (1). . and the United States would correspond to a 2.5-fold increase in the scale of the scheme (1). . agreement on commitment periods longer than five years (as under the Kyoto Protocol) is desirable to provide clearer long-term carbon price signals (1. . Climate change is a market failure without parallel, on the greatest scale the world has seen (1). . 3A more complete list of government targets on climate change and clean energy is provided by Stern et al. (1. Other reviews that cite this reference: Jennifer Alix-Garcia, Hendrik Wolff Annual Review of Resource Economics Vol. 6: 361 - 380 . Driven partially by estimates in the Stern Report (Stern 2006), the global perception has been that reducing emissions from deforestation or providing additional sinks through the regeneration and expansion of forest would be inexpensive (12 per ton of carbon) relative to other approaches to climate change mitigation. Thomas Sterner, Efthymia Kyriakopoulou Annual Review of Resource Economics Vol. 4: 285 - 301 Kenber M. 2007. Raising the bar. Reinar. Finance (Feb.):S1011 Slade L. 2007. A banks perspective on the voluntary carbon market: from risk to opportunitythe HSBC carbon neutral experience. See Ref. 33, pp. 95100 . Although there is speculation that the voluntary markets could eventually overtake compliance markets (32). Bayon R, Hawn A, Hamilton K, eds. 2007. Voluntary Carbon Markets: An International Business Guide to What They Are and How They Work . London: Earthscan . it seems unlikely that altruistic sentiment alone could form the main driver of global emission reductions. (See Reference 33 for more discussion of voluntary markets.) However. Hepburn C, Neuhoff K, Grubb M, Matthes F, Tse M. 2006. Auctioning of EU ETS phase II allowances: Why and how Clim. Policy 6(1):13760 Other reviews that cite this reference: Ian W. H. Parry, John Norregaard, Dirk Heine Annual Review of Resource Economics Vol. 4: 101 - 125 Hepburn C, Quah J, Ritz R. 2006. Emissions trading and profit-neutral grandfathering . Oxf. Econ. Dep. Trabajo. Pap. 295, Univ. Oxford . Hepburn et al. (35) estimate the proportion of allowances that should be given to firms if policy makers are to leave firm profits unchanged before and after the introduction of the scheme. . a very strong conclusion from the economic literature is that a large proportion of the cap should be auctioned (35). IPA Energy Consult. 2005. Implications of the EU Emissions Trading Scheme for the UK power generation sector. Rep. for UK Dep. Trade Ind. London . that utilities in the United Kingdom are estimated to have made 800 million in windfall profits (36). Grubb M, Ferrario F. 2006. False confidences: forecasting errors and emission caps in CO 2 trading systems. Clim. Policy 6(4):495502 Pizer WA. 2007. The evolution of a global climate change agreement . Resour. Future Discuss. Pap. 07-03, Washington, DC . and the CDM is projected to deliver over 275 MtCO2e annually of emission reductions over the first commitment period from 2008 to 2012 (39, 40). . 11China is estimated to add 546 GW of coal-fired power capacity (net of requirements) between 2003 and 2030 (39). Klepper G, Peterson S. 2006. Emissions trading, CDM, JI, and more: the climate strategy of the EU. Energy J. 27(2):126 . and the CDM is projected to deliver over 275 MtCO2e annually of emission reductions over the first commitment period from 2008 to 2012 (39, 40). Jackson M, Joy S, Heller TC, Victor DG. 2006. Greenhouse gas implications in large scale infrastructure investments in developing countries: examples from China and India . Program Energy Sustain. Dev. Trabajo. Pap. 54, Stanford Univ. . and most of which will be expensive to retrofit with carbon capture and sequestration technology (41).11 The relatively slow and cautious approach of the UNFCCC has. Int. Energy Agency Clean Coal Cent. 2004. Coal in China . London: IEA Clean Coal Cent. Boyd E, Hultman NE, Roberts JT, Corbera E, Ebeling J, et al. 2007. The future of the clean development mechanism: an assessment of current practice and approaches for policy . Tyndall Cent. Clim. Change Work. Pap. 46 pp. In press . 12Boyd et al. (43) highlight the tension between sustainability and emissions reduction criteria and critically assess how the sustainable development criterion is currently being implemented. Wara M. 2007. Is the global carbon market working Nature 445(8):59596 . The CDM can also be viewed as a subsidy (44), rather than a market. . One approach would be to restrict the CDM to carbon dioxide (and perhaps methane) and rely on financial inducements to encourage China (and others) to ban the emission of gases such as HFC-23 with a high global warming potential (GWP) (44). Other reviews that cite this reference: Michael Jakob, Jan Christoph Steckel, Ottmar Edenhofer Annual Review of Resource Economics Vol. 6: 297 - 318 . such as ( a ) additionality and ( b ) monitoring and verification (see, e. g. Wara 2007, Schneider 2009). Peters R. 2005. Strengthening the clean development mechanism . A Background Pap. Renewable Solutions: An NGO Conf. Renewable Energy Climate Change, Pembina Inst. Drayton Valley, Can. pubs. pembina. org/reports/StrCDMRPNov05.pdf . there was broad agreement that the CDM EB and methodology panel were seriously underresourced (45). Liverman DM. 2006. Survival into the future in the face of climate change. In Survival: The Survival of the Human Race (2006 Darwin Lectures) . Ed. E. Shuckburgh, pp. 187205. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press Treasury HM. 2003. The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government . London: HM Treasury . they are also likely to have a strong interest in the continuation and expansion of the carbon markets as well as an optimism bias (47). Mller B, Hepburn C. 2006. IATALan outline proposal for an International Air Travel Adaptation Levy . Oxford Inst. Energy Stud. Paper E. V. 36, October oxfordenergy. org/pdfs/EV36.pdf . 18Mller amp Hepburn (48) proposed a global levy, which reflects both responsibility for emissions and capability to pay. Ebeling J. 2006. Tropical deforestation and climate change: towards an international mitigation strategy . Oxford Univ. MS thesis. 87 pp. ecosecurities/ecows-common. nsf/pr/6/File/AvoidedDeforestation. pdfOpenElement . Various proposals are now under consideration to provide economic incentives for avoided deforestation (49). Bosi M, Ellis J. 2005. Exploring options for sectoral crediting mechanisms. Pap. Organo. Econ. Co-op. Dev./Int. Energy Agency. oecd. org/dataoecd/55/61/34902644.pdf . which would provide developing country governments with CERs for the introduction of broader policies that reduce emissions (50). Helm D, Hepburn C, Mash R. 2003. Credible carbon policy. Oxf. Rev. Econ. Policy 19(3):43850 . which might be designed by building a respected institution by analogy to the Monetary Policy Committee of the Bank of England (51). Helm D, Hepburn C. 2007. Carbon contracts and energy policy. In The New Energy Paradigm . Ed. D Helm. pp. 6375. Oxford: Oxford Univ. Prensa . the U. K. government is taking the former idea seriously through the establishment of a Committee on Climate Change, which will advise the government on reaching its 2050 target and will report annually on progress toward this goal (53).Creative Bible Teaching by Lawrence O. Richards, Gary Bredfeldt Read Online and Download Creative Bible Teaching. Explore a new genre. Burn through a whole series in a weekend. Let Grammy award-winning narrators transform your commute. Broaden your horizons with an entire library, all your own. Are you a bridge builder Communicating the Scriptures is much like building a bridge. However, instead of ravines or rivers, the teacher must span both cultural boundaries and great gulfs of time between the present and the past of Moses, David, Jesus, and Paul. This bridge must reach even further. The student must be able to cross both into the past and into his own future. Gods Word is living and active, sharper than any double-edged sword (Hebrews 4:12). It is contemporary, relevant. But it is the teacher who has the task of helping the student to see its vast treasures. This is no easy task, but it can be done through creative Bible teaching. Together, Richards and Bredfeldt have written a book on bridge-building that reveals the following five-step process by which Christian educators can construct a bridge across time, geography, and culture. Step I: Studying the Bible Develop an understanding of the nature, role, study, and interpretation of the Bible. Get the help you need in preparing biblically accurate lesson plans. Step II: Focusing the Message Learn how to teach for student learning. Be guided in the process of translating learning theory into lesson preparation. Step III: Structuring the Lesson Develop a lesson plan using the HOOK, BOOK, LOOK, TOOK structure. Step IV: Teaching the Class Learn about the five key principles of teacher effectiveness. Discover how these principles can lead to a more dynamic and satisfying teaching experience within various age groups. Step V: Evaluating the Results Evaluate your own effectiveness by assessing the outcome of your teaching. Tags: Creative Bible Teaching by Lawrence O. Richards, Gary Bredfeldt Free download, audio books, books to read, good books to read, cheap books, good books, online books, books online, book reviews, read books online, books to readonline, online library, greatbooks to read, best books to read, top books to read Creative Bible Teaching by Lawrence O. Richards, Gary Bredfeldt books to read online.
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